La declaración obligatoria de conflicto de intereses en medicina está generalizándose en reuniones científicas de todo tipo a lo largo y ancho del mundo. Si te inscribes en un congreso con una ponencia, taller o simplemente quieres mostrar en un poster los resultados de tus estudios debes presentar tu declaración de conflicto de intereses durante los últimos 5 años de ejercicio profesional.

Esto es así porque no es infrecuente que médicos que trabajan como asesores, divulgadores o investigadores para la industria farmacéutica ocupen un rol como prestigiosos docentes o investigadores o formen parte de paneles de expertos. A priori, no hay nada incorrecto en que den conferencias, presenten sus resultados, publiquen, opinen y recomienden protocolos de tratamiento. Sin embargo, a nivel internacional se ha llegado al consenso de que el público de los congresos, simposiums y cursos tiene derecho a saber qué intereses pueden haber influido /guiado (más allá de los puramente científicos o clínicos) al ponente, especialmente si busca modificar la práctica profesional de la audiencia (médicos en su mayoría).

Lo mismo ocurre si quieres publicar un artículo en alguna de las revistas más prestigiosas a nivel mundial de medicina (no todas las publicaciones exigen este requisito).

Sin embargo, esta práctica no se ha generalizado en absoluto con respecto a los verdaderos afectados potenciales por la ética de la relación de médicos e industria farmacéutica: nuestros pacientes. ¿Qué derecho tenemos a dar por supuesto que a ellos no les interesa?.

En CINTECO pensamos que los pacientes pueden tener interés en saber si el laboratorio del fármaco que les acaba de prescribir su doctor ha pagado la última estancia de éste en un hotel de cinco estrellas junto con la inscripción al congreso o si le ha incentivado económicamente por incluirlos en un estudio de cualquier tipo. Pensamos que puede interesarles tanto como estar seguros de que tiene sus títulos en regla o como conocer algo más de su curriculum. Por eso hemos decidido hacer pública la declaración de conflicto de intereses de los profesionales médicos que trabajan con nosotros.

La Dra. Orlanda Varela ha respondido con el compromiso de ser fiel a la verdad a las siguientes preguntas sobre la existencia de un potencial conflicto de intereses en su práctica clínica así como sus actividades docentes e investigadoras:

¿Ha aceptado en los últimos 5 años de una organización vinculada a la industria farmacéutica que pudiese de alguna manera perder o ganar financieramente de los resultados de sus estudios o de las conclusiones de sus publicaciones, ponencias…?:

• ¿Reintegro por asistir a un symposium o congreso? No
• ¿Honorarios por una clase? No
• ¿Honorarios por organizar cursos? No
• ¿Fondos para investigación? No
• ¿Fondos para algún miembro de su equipo? No
• ¿Honorarios por consultas? No

¿Ha estado en los últimos cinco años, empleado por alguna organización vinculada a la industria farmacéutica que puede, de alguna manera, ganar o perder financieramente en función de los resultados de sus estudios o de las conclusiones de su publicaciones, ponencias… o de sus protocolos de actuación clínica? No

¿Tiene acciones o participación en alguna organización vinculada con la industria farmacéutica que puede, de alguna manera, ganar o perder financieramente en función de los resultados su actividad de investigación, publicaciones, ponencias… o de sus protocolos de actuación clínica? No

¿Tiene cualquier otro interés financiero que pueda influir en sus actuaciones clínicas, investigación o actividades formativas de modo que interfiera con el mejor interés de los usuarios/colectivos a los que van destinadas dichas actividades? No

Dra. Orlanda Varela

Departamento de atención psiquiátrica de Cinteco

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Luz Sánchez-Mellado para El País Semanal – Fotografía de Daniel Sánchez

Necesitamos hablar. Más que nunca. Psicólogos y psiquiatras están desbordados. Cada vez más gente pide ayuda para soportar el estrés, la incomunicación y el dolor de vivir.

Ángel lo tiene todo. Un matrimonio feliz, dos niños de anuncio, un piso con la hipoteca pagada y un sueldo de funcionario de por vida. Aún es joven, tiene 40 años y dos meses contados, y, aparte de unos triglicéridos rebeldes, está razonablemente sano. Pero el día de su último cumpleaños se sintió morir. El corazón se le salía. Le faltaba el aire. Le dolía el pecho. Sudaba. Tiritaba. Le iba a dar un infarto. Su mujer le llevó a urgencias. Dos horas después, Ángel salía cabizbajo con el alta en la mano. No la firmaba ningún cardiólogo, sino la psiquiatra de guardia. El diagnóstico es concreto: crisis aguda de ansiedad compatible con trastorno ansioso depresivo.

La doctora prescribe ansiolíticos y antidepresivos, y recomienda asistencia psicológica complementaria. Deriva al médico de familia para que siga al paciente y valore la pertinencia de una baja laboral. “Nada más verme llamaron a la psiquiatra, que me dio un tranquilizante y me metió en un cuarto a que me calmara. Fue después cuando me preguntó qué me pasaba. Le dije que me daba miedo morirme, que me sentía incapaz de cuidar de mis hijos, que no podía con mi vida. Estuvo correcta, profesional, rutinaria. Me pareció que veía casos así todos los días”, dice Ángel. En efecto, es uno de tantos.

Los saturados servicios de urgencias de los hospitales llevan tiempo prestando cada día los primeros auxilios a personas con otro tipo de sufrimiento. Un dolor no exactamente o no del todo carnal. Un sinvivir que no da la cara en los análisis, ni en las radiografías, ni en el más sofisticado escáner. Los esquivos, inasibles padecimientos del alma.

La psiquiatra que atendió a Ángel, sus colegas de los centros de salud mental públicos y privados y los psicólogos de los centenares de gabinetes que han proliferado hasta en el barrio más humilde de la ciudad no dan abasto. Están a rebosar. Todo el mundo tiene un pariente, un amigo o un conocido que está de baja por depresión o estrés, alguien cercano que se “ha quebrado” o está “mal de los nervios”. No es un asunto para pregonar, pero tampoco un secreto de Estado.

El goteo de noticias es constante. Un vistazo a algunos titulares de las últimas semanas resulta demoledor. La Encuesta Nacional de Salud certificaba en marzo que el 20% de los españoles tiene propensión a sufrir trastornos relacionados con la salud mental. En plata: uno de cada cinco encuestados confiesa que se siente habitualmente triste, nervioso, atemorizado, en vilo. Fatal. El Ministerio de Sanidad alerta sobre el desaforado consumo de psicofármacos, que se ha multiplicado por tres en la última década. La Organización Mundial de la Salud pronostica que la depresión será en 2020 la segunda causa de discapacidad en el mundo desarrollado.

Pero es que a día de hoy el 15% de los trabajadores –tres millones en España– consume alcohol, hachís y/o cocaína hasta la adicción para soportar el estrés y la ansiedad que les provoca su jornada laboral, según la Organización Internacional del Trabajo. Y hasta el mismísimo Consejo General del Poder Judicial se ha planteado la posibilidad de evaluar la aptitud psicológica de los jueces al constatar que algunos sufren padecimientos psíquicos –ansiedad, depresión o patologías mayores– que pueden interferir en su trabajo. ¿Nos hemos vuelto locos?

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